ANFUP PRESENTA PROPUESTAS EN AGENDA CORTA SOBRE MATERIAS DE CARRERA FUNCIONARIA.  SOLICITA MEJORAMIENTO AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE ABUSOS DE PENSIONES, Y DESTRABE DE ASCENSOS, ADEMÁS PROPONE TERMINAR CON DISCRIMINACIÓN PREVISIONAL PARA PLANTA CIVIL, PROPONIENDO MEJORAMIENTO DE GRADO Y REINSTALA EN LA DISCUSIÓN PROPUESTA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO. 

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A las 11.00 hrs.  del día de hoy 18 de agosto, y conforme lo indicó el representante del ejecutivo, se continuó el trabajo que apunta a la generación de la propuesta legislativa en materias de una ley interpretativa que busque rescatar el verdadero espíritu de  la ley 19.195-93, que adscribió al personal de Gendarmería de Chile al sistema de pensiones DIPRECA y por otro a una propuesta de corto plazo en materias de ascensos, de las distintas plantas, para lo que la ANFUP manifestó lo siguiente:

EN MATERIAS DE PENSIONES Y LEY INTERPRETATIVA;

En materias de pensiones la ANFUP manifiesta su pleno apoyo, a la necesidad urgente del desarrollo de una ley interpretativa que venga en rescatar   el espíritu original, tanto de la ley 19.195  que permitió adscribir a los funcionarios de Gendarmería de Chile al sistema de pensiones DIPRECA, como por otro lado abordar los reales alcances de la ley 19.200, sobre condiciones jubilatorias de los funcionarios Públicos, norma que dicho sea de paso no es aplicable a los Gendarmes por  contar con una ley especial y no de carácter general como la ultima señalada. Reiterando que es necesario regular los abusos o discrecionales que han permitido la generación de los escándalos del llamado caso de los  “Jubilazos” en nuestra institución, y que hoy se han ventilado también en CAPREDENA.

ARTICULO ÚNICO QUE ENTREGUE FACULTAD AL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE DE EXIMIR DE LOS REQUISITOS DE ASCENSO:

El estancamiento de los requisitos de ascenso de los funcionarios de Gendarmería de Chile de las plantas I y II es un tema plenamente vigente y que a potenciado la acumulación de personal institucional  en los menores grados, y que coincidentemente  también son los que más trabajan en temas de turnos y sobreexposición con la población penal.

Precisar que el artículo 27 del DFL. 1791, Estatuto del Personal de Gendarmería, fue derogado el año 2010, con la dictación de la ley 20.426.

El artículo 27 establecía que la autoridad facultada para conceder los ascensos, es decir, el Director Nacional de Gendarmería, por necesidades institucionales, podrá eximir por una sola vez en la carrera del cumplimiento de los requisitos establecidos en los N° 3 y 4 del artículo 26, esto es, haber aprobado los cursos que se establecen en los distintos  grados y los demás requisitos académicos (requisito modificado por la ley 20.426) y, especialmente el señalado en el número 4, como es, el de cumplir con el requisito de tiempo mínimo en el grado, cuando proceda.

En efecto, es especialmente es este último punto el que ha traído mayores inconvenientes para el asenso. Es así como se han dictado dos leyes para resolver el estancamiento de los ascensos cuando algunos de los funcionarios, y en desmedro de quienes sí los cumplen, no pueden ascender porque no reúnen el requisito de tiempo mínimo en el grado, aún cuando existan las vacantes disponibles para ello. Se trata de la leyes N° 20.306 de 14 de noviembre de 2008 y la ley N° 20.674 del 31 de mayo de 2013.

En otras palabras, existiendo vacantes, éstas no se proveerán si algunos de los funcionarios no cumple con los requisitos para ascender, toda vez, que lo anterior también debe estar relacionado con lo que dispone el artículo 28 del mismo cuerpo legal, el que señala que solo se permitirá el ascenso cuando este no produzca alteración en el orden de antigüedad del personal de su escalafón.

Como se señaló, han sido dos las leyes que han posibilitado el destrabe de los ascensos cuando se ha presentado el inconveniente señalado precedentemente, pero eso sí, es importante señalar que ello igual ha generado un detrimento económico para el personal, especialmente cuando la tramitación de las leyes ha sido lenta, como sucedió especialmente con la segunda ley, la que demoró en su tramitación aproximadamente nueve meses, sin contar el tiempo desde que las correspondientes vacantes estaban disponibles, lo que hizo un tiempo total aproximado de dos años. Por qué se produce este detrimento, porque es precisamente la ley la que señala que se pagará el ascenso al nuevo grado una vez que esté tramitada totalmente la resolución. En otras palabras, quienes sí cumplían con los requisitos y que por efecto del artículo 28 no pudieron ascender, perdieron la posibilidad de percibir retroactivamente el aumento remuneracional que significaba ascender al nuevo grado en el tiempo de producirse la vacante, situación que debiera ser lo normal y, no cuando estuviera tramitada la resolución de ascenso, ya que en este último caso se paga desde su total tramitación.

La derogación del artículo 27, norma que permitía a la autoridad facultada para otorgar los ascensos, para eximir, por una vez en la carrera, del cumplimiento de los requisitos, especialmente el relacionado con el tiempo mínimo de permanencia en el grado, fue fundamentada[1] por el Ejecutivo, señalando que “la norma que se proponía derogar, había sido establecida en la última modificación al Estatuto y, en realidad, provocaba distorsiones y podía generar obstrucciones al ascenso de otros funcionarios, por cuanto al ascender quienes no cumplían los requisitos, daba lugar a que permanecieran en determinada ubicación de la planta sin poder continuar el ascenso, generando con ello verdaderos “cuellos de botella” que impedían el ascenso de quienes si cumplían con todas las exigencias”.

Sobre el particular, la fundamentación que se esgrimió para la derogación del artículo 27, creemos que no fue la más acertada, toda vez que no sería efectivo que este artículo provoque distorsiones u obstrucciones al ascenso. Por el contrario, permitía dar continuidad a la carrera funcionaria, dando fluidez a los ascensos, cuando por motivos extraordinarios respecto de funcionarios que no reunían los requisitos apara ascender, lo pudieran hacer efectivamente.

También, es preciso señalar que de acuerdo a las instancias históricas en que se aplicó dicha norma, siempre se utilizó con la limitante que dice relación con que la facultad otorgada en ningún caso podrá menoscabar el derecho de aquellos funcionarios que sí cumplen con los requisitos de ascenso, ni mucho menos producir alteración en el orden de antigüedad del personal de su escalafón.

Por tanto, resulta de toda conveniencia práctica devolver la facultad al Director Nacional para que pueda eximir del cumplimiento de los requisitos para el ascenso, por las razones ya señaladas.

MEJORAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR EGRESO CONTENIDA EN LA LEY 19.998 DEL AÑO 2005 Y SU EXCLUSIÓN COMO BENEFICIARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE:

La ANFUP estando de acuerdo con apoyar toda iniciativa que apunte a fortalecer y mejorar los mecanismos de retiro del personal de la planta III o civiles de Gendarmería de Chile, hace presente que tal cuestión fue resuelta mediante la ley 20.948 del año 2016. La norma disponía incentivos especiales a los empleados públicos que cumplidos con los 60 en el caso de las mujeres y 65 los hombres y más, con los montos que se señalan:

En este contexto los beneficios del bono por egreso de la ley 19.882 no fueron considerados para el personal civil de Gendarmería de Chile, pese a ser imponentes de DIPRECA. Por lo que ANFUP propone en esta modificación que ahora sean incluidos.

Sin perjuicio de lo anterior queremos reiterar que la ley 19.195 del año 1993 excluyó a los Gendarmes de beneficio del desahucio, siendo necesaria en esta discusión reiterar esta sentida aspiración, a lo menos mejorando el actual bono por egreso contenido en la ley 19.998 del año 2005.  En la actualidad establece el Artículo 2° de la ley que “Cuando se completen treinta años o más de servicios efectivos, la bonificación será equivalente a siete meses de remuneración imponible”.

La propuesta consiste en aumentar dicha bonificación en 12 meses, de tal manera de mejorar la misma, tal como se ha hecho respecto de los funcionarios públicos acogidos a la ley 19.882 y sus respectivas modificaciones. Para tal efecto, también se propone aumentar la cotización para el Fondo de Egreso, según la discusión que la materia requiera.

  • INCLUIR ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN, A LOS FUNCIONARIOS FALLECIDOS EN ACTOS O NO DEL SERVICIO Y QUE CUENTEN CON MENOS DE 20 AÑOS DE SERVICIO.

Consideramos que el beneficio también debe incluir a aquellos funcionarios fallecidos en actos de servicio o con ocasión del mismo. Como asimismo, a los funcionarios fallecidos por cualquier circunstancia y que no hayan cumplido los 30 años efectivos de servicio o cuenten con menos de 20 años de servicio. El monto podrá ser el mismo o distinto, según sea el caso, por ejemplo, para el primer caso, la bonificación será igual que para aquellos que cumplen los 30 años de servicio. En el segundo caso, corresponderá a lo establecido en beneficio de aquellos que tienen menos de 30 ó menos 20 años de servicio, según sea el caso.

Si bien es cierto que el beneficio sí está establecido para los funcionarios que se retiren por aplicación de alguna medida disciplinaria o sean eliminados por haber sido calificados en lista cuatro o por estar dos años consecutivos en lista tres, funcionarios que según la ley, tienen derecho a la bonificación, la que es equivalente a dos meses de la remuneración imponible. Sin embargo, no se contempla lo mismo respecto de aquellos funcionarios fallecidos en actos o no del servicio, pero que sin embargo, igual han hecho el aporte al fondo de egreso en las mismas condiciones que los anteriores.

Por tanto, resulta de toda justicia y equidad que éstos también sean considerados como beneficiarios de la bonificación por egreso, más aún, cuando también han efectuado los aportes que por ley se contempla para el fondo de egreso.

  • MODIFICAR EL ARTÍCULO 5°, INCISO 2º, EN EL SENTIDO DE AUMENTAR EL APORTE AL FONDO DE EGRESO DESDE UN 0,7 % A 1,2% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL IMPONIBLE MANTENIENDO EL  LIMITE MÁXIMO DE 90 UF.

El actual Artículo 5° de la ley, establece que: “la bonificación se financiará con la concurrencia de recursos de Gendarmería de Chile, que ascenderán hasta 3 meses de bonificación. En lo que exceda este número, se financiará con recursos provenientes del fondo establecido en el artículo undécimo de la ley N° 19.882. En este último caso, Gendarmería de Chile obtendrá del fondo aquella parte del beneficio que exceda el número de meses antes señalado. Gendarmería de Chile aportará al fondo señalado en el inciso anterior un 0,7% de la remuneración mensual imponible, con un límite máximo de noventa unidades de fomento, de cada funcionario referido en el inciso siguiente. Igual aporte deberán realizar dichos funcionarios, sujeto al mismo límite máximo antes señalado”.

Ahora bien, para aumentar a 12 meses de bonificación por egreso, necesariamente deberá aumentarse también el aporte al fondo de egreso, desde un 0,7% a un 1,2% de la remuneración mensual imponible.

ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA DE CHILE:

Entendido que esta es una materia de lata discusión, y esto en el entendido que los mecanismos que significan el reconocimiento  como centro de educación superior, creemos que es tiempo que tal iniciativa cuente con los patrocinios de discusión de suma urgencia o discusión inmediata que permitan el logro de tal objetivo en la presente gestión gubernamental.

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO, UNA METERÍA POSTERGADA Y PLENAMENTE VIGENTE :

Adicional a lo anterior,  se hace necesario reinstalar en la discusión sobre carrera funcionaria una materia postergada por 90 años y que a la fecha se encuentra con plena vigencia,  cual es la habilitación del seguro de vida obligatorio para los funcionarios de Gendarmería de Chile contemplado en el Decreto Nro. 3650 del 1927, cuyo reglamento y contratación mediante una mutualidad hablitada para los efectos nunca se concretó.

El lamentable  accidente de tránsito con resultado de muerte del Cabo Jorge Linco Larenas de 29 años y su pareja Rosa del Carmen Belmar Muñoz de 31 años(QEPD) en la ciudad de Victoria el día 4 de agosto de 2017, reaviva la eterna discusión sobre las  medidas y acciones que debieren tomarse para mejorar las prestaciones y servicios de apoyo en casos como estos.

Esta claro que trabajadores penitenciarios se exponen diariamente a las duras condiciones del sistema penitenciario Chileno, compartiendo las mismas  crudezas de un sistema colapsado, hacinado y  precarizado, y resultado final de una sociedad que pareciera haber privilegiado la prisión  por sobre las oportunidad de rehabilitar.

Que tales crudezas causan un negativo impacto, no sólo en aquellos que deben cumplir sus correspondientes penas en los recintos carcelarios, sino en aquellos agentes del Estado- los Gendarmes-  llamados a la noble misión de atender, custodiar y contribuir a la personas privadas de libertar.

La estadísticas de Gendarmería de Chile indican que desde el año 2000 a la fecha se han registrado 162 muertes de funcionarios activos en la institución, en acto de servicio o con ocasión del mismo(informe de Gendarmería de Chile), esto es 14 muertes por año y más de uno por mes; en el mismo sentido, el  año 2012  se registró un suicidio  cada 2 meses, igual cosa pasó con los intentos registrados, haciéndose presente que los estudios de la universidad de chile indican que por cada suicidio registrado existen 30 intentos consumados, muchos de los cuales nunca han sido registrados por la institución.  No es menor el hecho del impacto de la llamada crisis carcelaria, la que tiene otra arista y que  ha afectado directamente en la salud de nuestros funcionarios  registrándose  en los últimos tres años una media por año de 957 licencias médicas,  un alto porcentaje de ellas relacionadas con  salud mental.

Análisis aparte merecen los casos de aquellos funcionarios adscritos al sistema Dipreca, recién ingresados a la institución y hasta los 20 años de servicio. Ello dado que los fallecidos en eventos no considerados como actos del servicio o con ocasión de éste, dejan a sus sobrevivientes en la total indefensión, salvo los beneficios establecidos del reintegro de las cotizaciones mensuales y los seis sueldos establecidos por reglamentación vigente. Aporte, que a todas luces se torna en insuficiente para poder proyectar a un grupo familiar.

El tema anterior no es menor si consideramos que el 70 % aproximadamente de los adscrito al sistema DIPRECA en Gendarmería de Chile, no cuenta con las cotizaciones mínimas de los 20 exigidos para el goce del derecho de las correspondientes pensiones de retiro o el montepío para los sobrevivientes.

AMPLIACIÓN  DEL CONCEPTO DE UNIDAD PENAL A TODO RECINTO CON PERSONAL DE GENDARMERÍA PARA TERMINAR CON LA DISCRIMINACIÓN PREVISIONAL DE LA PLANTA NO UNIFORMADA:

La presente discusión sobre las modificaciones del sistema de pensiones DIPRECA, su regulación y corrección de las distorsiones que permitieron los llamados abusos del sistema no pueden eludir una discusión pendiente y postergada que es necesaria de abordar en la presente redacción , cuales son las condiciones establecidas en el Art. Nro. 1 de la ley 19.195-93, respecto de los requisitos jubilatorios de los funcionarios de la planta de gendarmes no uniformados, correspondientes a Profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, que son imponentes DIPRECA.

Y es que el Art. Nro. de la ley 19.195-93, establece que para que señalados funcionarios puedan ser imponentes DIPRECA deben cumplir funciones permanentes en unidades penales.

“Artículo 1°.- El personal de las Plantas de Oficiales y Vigilantes Penitenciarios de Gendermería de Chile quedará sujeto al régimen previsional y de término de la carrera que rija para el personal de Carabineros de Chile, con excepción del desahucio.
Al mismo régimen a que alude el inciso precedente quedarán sujetos los integrantes de las Plantas de Profesionales, Directivos, Administrativos, Técnicos y Auxiliares que sean destinados en forma permanente a prestar servicios dentro de una Unidad Penal.”

En este sentido, si bien ANFUP valora la voluntad política del Gobierno de haber trasformado a los CAIS en unidades penales, tal cual lo anunciará la Presidenta de la República en sus carta del día 15 de junio de 2017 dirigida a la ANFUP, y con ello,  todos los efectos previsionales y estatutarios que esto conlleva para los funcionarios que trabajan en estos establecimientos. Sin perjuicio de lo anterior,  la medida pareciera ser insuficiente si consideramos que un porcentaje no menor de funcionarios desempeñan necesarias funciones administrativas y de seguridad en recintos que no son considerados como unidades penales.

Ahora, el Decreto 518 del año 1998, en su Art. Nro. 11, define que el concepto de unidad penal es: “Se denominan genéricamente establecimientos penitenciarios, los recintos donde deban permanecer custodiadas las personas privadas de libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de
libertad.”

Por otro lado en el inciso segundo del mismo cuerpo normativo establece los nuevos alcances de la definición, ahora orientados al seguimiento:
“Corresponden también a esta denominación las
dependencias destinadas al seguimiento, asistencia y
control de los condenados que, por un beneficio legal
o reglamentario, se encuentren en el medio libre.”

Ahora la extensión de la nueva definición, que sin bien es un avance reconocible,  se torna insuficiente para los efectos de responder a las necesidades previsionales requeridas por la ley 19.195 para el personal de la llamada planta civil de Gendarmería de Chile, quienes por disposición del servicio deben servir en las distintas dependencias del sistema penitenciario a nivel nacional, y con la consecuencia de generar una odiosa discriminación entre los que trabajan en “unidades penales” y  otras dependencias de Gendarmería de Chile.   Así las cosas, se hace necesario reinterpretar y actualizar el concepto unidad penal, dado que a nuestro parecer toda dependencia donde se desempeñe un funcionario de Gendarmería de Chile debe ser considerada como unidad penal o a lo menos, una extensión de ésta, dado que el funcionamiento del sistema penitenciario es parte de un todo integral y complementario, pues la labor operativa no es posible sin el apoyo de la  labor administrativa, siendo posible así que las capacidades humanas y profesionales de los funcionarios penitenciarios posibiliten su desplazamiento según  las necesidades del servicio y en cualesquiera de ellas.

Por ello la ANFUP viene en proponer ampliar el concepto de Unidad Penal a todo recinto institucional  de dependencia de Gendarmería de Chile, de modo que terminar con la odiosa discriminación y los eternos cuestionamientos sobre la pertinencia de los derechos previsionales establecidos en la ley 19.195-93, para los funcionarios de las planta de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, quienes desarrollan su valiosa labor en dependencias que son la extensión administrativa de los actuales recintos carcelarios y con toda la carga administrativa y laboral que esto conlleva.

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