CARTA ENTREGADA A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

EXCELENTÍSIMA SRA. PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA  DE CHILE

DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA.  

DE: DIRECTORIO NACIONAL DE LA  ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS (ANFUP)

La ANFUP, la Asociación mayoritaria y más representativa de Gendarmería de Chile, viene ante la Sra. Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet Jeria, a fin de exponer y proponer las siguientes modificaciones legislativas, que vengan a dar solución de fondo y final a las problemáticas generadas a propósito del cuestionamiento del sistema de pensiones de los imponentes DIPRECA y que son funcionarios de Gendarmería de Chile  y que tiene origen en la tensión de las leyes 19.195 y ley 19.200 del año 1993.  Como así mismo, la cuestionable distorsión y abultamiento de las pensiones de altos directivos institucionales a causa de ser beneficiarios de la asignación crítica y de alta dirección pública contemplada en la ley 19.863 y modificada por la ley 19.882, y otras leyes imponibles.

DE LOS HECHOS QUE POTENCIARON EL TRASPASO DE LOS GENDARMES AL SISTEMA DE PREVISIÓN Y SALUD DIPRECA.

El año 1993, mediante la ley 19.195 se permitió adscribir al personal de Gendarmería de Chile  al sistema previsional DIPRECA, como merecido reconocimiento a la labor que tan dignamente realizan en los distintos establecimientos penales y especiales del país. Lo anterior y en especial tras los lamentables hechos del día 14 de noviembre de 1990, donde cuatro Gendarmes y un Carabinero, trasladaron a un preso a un servicio Oftalmológico al Hospital Sotero del Rio, se trataba de Marco Ariel Antonioletti, quien era procesado por  al asesinato de tres policías y una niña. Así las cosas, los Gendarmes y un Carabinero cayeron acribillados a manos de una célula del Movimiento Lautaro que les preparó una emboscada con el fin de rescatar al frentista.

El triste hecho evidenció una realidad indignante, los Gendarmes fallecidos eran imponentes de sistema de Salud FONASA y previsión AFP, como otros eran imponentes , ilustrando en ello la deficiencias de un servicio público de alto riesgo y escasos sistemas de seguridad que compensasen las exigencia laborales y las necesarias condiciones dignas para el ejercicio de la labor penitenciaria, en tanto el único funcionario de Carabinero fallecido tenía un sistema de previsión y salud acorde a los riegos de su función pública, cual era la caja de Previsión de Carabineros(DIPRECA).

DEL DICTAMEN NRO. 42.701 DEL 9 DE JUNIO DE 2016,  DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE RECALCULA LAS PENSIONES DEL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE ADSCRITO AL SISTEMA DE PENSIONES DIPRECA:

El 21 de abril de 2016, el oficio Nro. 30.138, firmado por el Sr. Samy Mainemer, Jefe del Área de Beneficios, de la Contraloría General de la República y ratificado por el Dictamen Nro. 42.701 del 09 de junio de 2016, de la misma entidad Contralora ordena recalcular las pensiones  de los Funcionarios de Gendarmería de Chile adscritos al sistema previsional DIPRECA, considerando  que el límite de imponibilidad de la remuneraciones establecidas en el Art. Nro. 5 del decreto  ley Nro. 3501 de 1980 – ósea 60 UF- es  aplicable a los funcionarios con Escala única de Sueldos, conforme lo establece el  Art. Nro. 1 del decreto ley  Nro. 249 de 1973.  Con ello el Contralor  concluye que las pensiones de los funcionarios de Gendarmería de Chile deben ser asimiladas y con trato igualitario que  todos los  funcionarios del servicio público asimilados a la escala única de sueldos y por lo tanto su pensión no puede superar ese monto.

La polémica surgió tras la tramitación de las resoluciones de pensiones de un número importante de oficiales y sub-oficiales de Gendarmería de Chile, acto en el que el Contralor determinó que alguna de éstas  superaban los montos topes, por lo que no se ajustaban a derecho, por lo que no dio curso al acto administrativo  de tramitación, frenando con ello el llamado a retiro y el consecuente efecto al ya colapsado sistema de ascensos en Gendarmería.

 DE LOS EFECTOS DE LA NUEVA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA:

Así las cosas el efecto inmediato de la nueva interpretación es el recalculo de las pensiones de los funcionarios de las platas de oficiales, sub-oficiales y de civiles -también llama de la  planta III- y que se plasmaría en la dramática disminución de las pensiones  e igual cosa con el personal profesional que en cargos directivos se afectaría en montos similares, arriesgando algunos incluso que sean traspasados desde el sistema de DIPRECA a AFPs, pese a haber servido en recintos penales.

Sin perjuicio de lo anterior, la interpretación del Contralor no toma en cuenta que  la ley 19.195 de 1993,  adscribió a los funcionarios  penitenciarios dentro del Régimen Previsional de Carabineros de Chile a través de su Decreto con Fuerza de Ley N°2,  por lo que claramente se  afectaría las Garantía Constitucionales, como la igualdad ante la ley, ya que una misma ley estaría siendo aplicada de forma diferente para Carabineros y PDI, y de otra forma para Gendarmería, a esta última estableciéndole un tope de 60 UF de acuerdo al DL 3501 de 1980, por las AFP.

Por otro lado, el inciso 2 del artículo 5 del citado DL 3501, al aludir al artículo 25 de la ley 15.386, sobre Revalorización de Pensiones;  hace clara referencia a que se excluye al personal afecto al DFL 2, o sistema previsional DIPRECA.

Así las cosas la medida resulta absolutamente arbitraría y discriminatoria, pues la restricción del tope de pensiones de 60 UF sólo se aplica a los funcionarios de Gendarmería de Chile, no así a Carabineros de Chile o la PDI, siendo las tres  instituciones imponentes de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) y con montos jubilatorios y condiciones laborales similares.

Es preciso señalar que los funcionarios de Gendarmería de Chile, al momento de acogerse a retiro sus  hijos son  mayores de edad, con sueños y objetivos relacionados  con proyecciones en el ámbito de la educación  superior y  laboral, asumiendo elevados costos imposibles de asumir con la normativa que se pretende implementar. Por ende, esta disminución del poder adquisitivo  viene en frustrar el anhelado proyecto familiar, negándose la posibilidad de entregar la mejor herencia que puede entregar un padre a un hijo, cual es la educación. Misma situación que afecta la materialización de la adquisión de la vivienda propia  y  palear los gastos propios generados a propósito del desgaste físico y psicológico del ejercicio de la función penitenciaria por 30 años de servicio.

 DE LA HISTORIA Y LA DISCUSIÓN NORMATIVA:

A través de la Ley N° 5.445, de 12 de julio de 1934, el personal de Prisiones queda afecto al régimen de retiro, invalidez y montepío, de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile. Es decir, desde los inicios de dicho sistema previsional, el personal de Gendarmería de Chile fue cofundador de dicha caja, de la que fue excluida arbitrariamente por la dictadura el año 1975; recién en 1993, el Presidente Aylwin restableció la situación de justicia anterior al régimen de excepción.

Ahora, y en un afán legislativo, la Contraloría General pretende aplicar al personal de Gendarmería de Chile adscritos a DIPRECA, el límite de imponibilidad de las remuneraciones establecido en el artículo 5 del Decreto Ley N° 3.501 de 1980, que fija “nuevo sistema de cotizaciones previsionales y deroga disposiciones legales que indica” (sistema AFP). Dicho criterio ha sido impugnado por DIPRECA, Gendarmería y la Subsecretaría de Justicia, en diversas presentaciones.

Con ello, se pasa por alto que aquellos servidores están sujetos a un sistema especial previsional, establecido en el DFL 2 de 1968, al que se adscriben por disposición de la Ley N°19.195, cotizando en tal caja tres veces más que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

La norma que invoca la CGR para tales efectos es la Ley Nº 19.200; es importante destacar que, dentro del mensaje presidencial de dicha ley se señaló expresamente “QUE DICHA NORMA NO LE SERÁ APLICABLE AL PERSONAL DE GENDARMERÍA”. Por tal motivo, resulta extraña esta nueva interpretación que deja en entredicho todo lo ejecutado por el Ente Contralor con anterioridad.

DE LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY 19195-93.

En efecto, el Mensaje Presidencial anteriormente aludido, señaló de manera expresa: “Cabe hacer presente que la situación del personal de Gendarmería de Chile no se ha considerado en este proyecto, por cuanto se encuentra incluida en otro proyecto de ley, en trámite en el H. Congreso”.

Asimismo, en la discusión en Sala, en la sesión N° 15, de 04 de noviembre de 1992, el Diputado Rodolfo Seguel expuso: “Este proyecto representa un costo promedio anual de 5.400 millones de pesos para el período 1992-1994, y los fondos para su -financiamiento durante 1992 se encuentran provistos en la Ley de Presupuestos vigente. Quiero dejar constancia de que me parece injusto que las disposiciones de este proyecto no alcancen a beneficiar a aquellos trabajadores que, teniendo cumplidos los requisitos para pensionarse en las favorables condiciones que otorga este proyecto, no puedan hacerlo porque optaron, a veces por ignorancia y otras por obligación, por el sistema nuevo de pensiones. Tal como se hizo con el proyecto que beneficia al personal de Gendarmería, pudo haberse hecho una excepción con estos trabajadores, permitiéndoles volver al sistema antiguo para el solo efecto de pensionarse”.

Como puede apreciarse, de la intervención del Diputado Seguel, se desprende que más que no estar contemplado en la hipótesis de esta norma, el personal de Gendarmería de Chile sería objeto de una regulación diversa y de carácter especial, situación que se ve ratificada por el Senador Díaz, quien sostiene en su intervención de fecha 22 de diciembre de 1992, Sesión 19: “Ahora, en unos momentos veremos una iniciativa referente a Gendarmería, que atañe a su previsión, a su asistencia médica, etcétera. Y todos sabemos que ese personal permanentemente está sobrecargado de trabajo, desempeñándose durante muchas horas más que las que le corresponden por horario. Pues bien, si renuncian diez gendarmes, ¿los reemplazaremos por cinco? Considero que ésta es, sencillamente, una aberración”. Es decir, la normativa que en ese momento discutía el diputado Díaz, según él entiende no afectaba a los funcionarios anteriormente aludidos, sino que estos serían objeto de una regulación especial, diversa a la que se plasmó en definitiva en la Ley N° 19.200.

Dichas declaraciones, que precedieron a la tramitación de dicha norma legal, deja de manifiesto la clara intención de dejar excluidos de la regulación allí contenida, al personal que se desempeña en Gendarmería de Chile. Ello tanto es así, que el Decreto Supremo N° 19, de 1993, de la Subsecretaría de Guerra, que otorgaba la bonificación compensatoria necesaria para la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 19.200, “NO CONSIDERÓ DENTRO DEL UNIVERSO DE BENEFICIADOS A GENDARMERÍA DE CHILE”.

Ahora bien, de mantenerse este nuevo criterio, debe determinarse por parte de la misma Contraloría cómo se recuperarán los dineros pagados en exceso de manera errónea, y además deben hacerse los sumarios administrativos en contra de los funcionarios responsables (preliminarmente, la CGR es responsable administrativa y civilmente, Sr. Bermúdez incluido, ya ha desde su asunción en el cargo ha tomado razón de pensiones sin señalar el límite antedicho).

Finalmente, es importante tener en cuenta que a Gendarmería de Chile la regula un estatuto de normas perfectamente relacionadas y armónicamente estructuradas en materia de imponibilidad, retiro y pensión; de este modo, se advierte que el artículo 5 del decreto Ley 3.501, es una norma general (sistema AFP) y anómala dentro del sistema, que sólo complejiza su aplicación.

Es decir, histórica, lógica y sistemáticamente, Gendarmería de Chile ha estado adscrita en forma integral al régimen previsional de Carabineros, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica; criterio sustentado en los dictámenes N°s. 39.610, de 1998, 33.519, de 2008, entre otros.

Complementando lo antedicho, y en relación a la inaplicabilidad del  decreto ley N° 3.501, de 1980, es dable señalar que dictamen N° 21.116, de 2013, que figura en el MANUAL DE REMUNERACIONES DE LA CONTRALORÍA, señala expresamente que “Precisado lo anterior, cabe recordar que el artículo 5° del decreto ley N° 3.501, de 1980 -que fija un nuevo sistema de cotizaciones previsionales y deroga los preceptos que indica-, consigna que a contar de la fecha de vigencia de ese texto legal estará exenta de imposiciones la parte de las remuneraciones que exceda de sesenta unidades de fomento del último día del mes anterior, límite que conforme al artículo 34 del mismo texto legal, no resulta aplicable al personal a que se refiere el inciso primero del artículo 96 del decreto ley N° 3.500, de 1980, es decir, a aquel afecto a los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.”

Si lo que se pretende es solucionar una situación de injusticia e inequidad en la situación previsional de todos los Chilenos, lo que se debe hacer es un profundo análisis del sistema de pensiones en su totalidad; cualquier medida sustentada en un oficio de 5 párrafos, que no abarque el problema integralmente sólo viene a introducir caos en la retroalimentación y en la interacción de aquél.

La intención de seguir sosteniendo este criterio por parte del Sr. Jorge Bermúdez, implica desconocer además la invariable y uniforme jurisprudencia interpretativa del Ente de Control que él actualmente dirige, sobretodo la contenida en el dictamen Nº 40.688, de 2008, que con ocasión del ascenso póstumo de funcionarios de Gendarmería señaló que el artículo 120 del D.F.L. N° 2, de 1968, que contiene el Estatuto del Personal de Carabineros, es plenamente aplicable en el caso de las viudas de mártires de Gendarmería, señalando que el montepío del personal fallecido a consecuencia de un acto del servicio se liquidará o reajustará, según proceda, sobre la base del 100% de las remuneraciones del grado superior correspondiente al sueldo que gozaba o le podría corresponder al causante, cualesquiera que sean sus años de servicios.

La Contraloría ha entendido, desde hace mucho y durante diversas administraciones, que la naturaleza de la función penitenciaria encuentra en la normativa antedicha su correcto y justo correlato jurídico, no tan sólo en materia previsional, sino que en todo aquello que debe integrarse a través de la interpretación de la norma, labor que evidentemente se había hecho bajo criterios de justicia e igualdad, entendiendo que la igualdad no es medir a todos con el mismo criterio, sino que aplicar el mismo criterio en situaciones que sean análogas, tal como ocurre con todas aquellas funciones que dicen relación con la seguridad pública, donde se está poniendo en riesgo la vida.

Bajo este nuevo criterio del Sr. Bermúdez, y en caso de hacerlo extensivo a situaciones como las de las montepiadas, lo que se produciría sería un abierto desconocimiento del sacrificio de los funcionarios mártires, así como un ausencia de la justa protección de sus deudos; todo, alegando una pretendida situación de justicia y equidad que este  Contralor ha señalado en su comunicado, pero que evidentemente se sustenta en argumentos falaces, pues, de ser efectivo lo que él señala, debiera determinarse que sean sólo aquellos funcionarios que están amparados por las normas antedichas (es decir, Carabineros de Chile) quienes ejerzan la función penitenciaria, pues sólo ellos estarían protegidos normativamente ante el riesgo de perder la vida en actos de servicio.

El exponer a tales riesgos a servidores públicos, negándoles la cobertura jurídico normativa que los ampare diferenciadamente, no es una situación justa ni equitativa, sino todo lo contrario, es una pretensión injusta desde cualquier perspectiva, sea que se explique ello en términos conmutativos, distributivos o bajo criterios de justicia general o legal.

DE LAS PENSIONES ABULTADAS:

El bullado caso de las pensiones “abultadas” hoy es tema de interés público, político e institucional con ribetes impensados que ha venido a repensar todo el sistema de pensiones, no sólo de los trabajadores penitenciarios, sino también de las fuerzas armadas y de orden y seguridad, esto en comparación con las pensiones del resto de los Chilenos adscritos al sistema de Administradoras de Fondos de pensiones(AFP).

Debemos recordar que a ley 19.863 y su posterior modificación ley 19882 creó la figura de la asignación a la función crítica. De acuerdo a la definición entregada en la normativa, este es un beneficio otorgado a todos los funcionarios públicos que desarrollen funciones “que sean relevantes o estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución, por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que estos deben proporcionar.   El señalado beneficio beneficiará al personal de planta y a contrata, perteneciente o asimilado a las plantas de directivos, profesionales y fiscalizadores de los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N° 18.575 y a los Gobernadores, que desempeñen funciones calificadas como tales. Esta asignación no podrá exceder del 50% de la remuneración bruta de carácter permanente que corresponda al funcionario beneficiario.

Así las cosas la intención del cuerpo normativo fue la de crear un incentivo para los directivos públicos y tiene su origen  en una iniciativa de ley del año 2003 a propósito de las investigaciones realizadas en esa época por el caso MOP GATE, que llevaron al gobierno a desarrollar una agenda de modernización del estado que tenía como objetivo poner fin a situaciones irregulares, como los polémicos sobresueldos que se pagaban a algunas autoridades para que sus remuneraciones se acercaran a las del sector privado.

Sin perjuicio de lo anterior creemos que el legislador no visibilizó el impacto de este beneficio en un servicio de carácter especial como lo es Gendarmería de Chile, donde se tiene funcionarios públicos realizando la función penitenciaria, pero con caja de previsión Dipreca, misma que se clasifica como de aporte solidario o compartido y cuya principal característica es que el beneficiario no tendrá daño previsional al momento de jubilarse o acogerse a retiro, de esta forma se puede explicar los cuestionados casos de directivos institucionales con pensiones clasificadas como abultadas y que son de crítica nacional, a saber las más notorias

DIRECTIVO INSTITUCIONAL PENSIÓN//MONTEPÍO (MENSUAL)
Juan Letelier, Director Nacional $ 5.644.590
Luis Camilo, Subdirector Operativo $ 5.494.993
Javier Becerra, Jefe RRHH $ 5.361.368
Marcos Fuentes, Director Nacional $ 5.319.289
Miriam Olate, Subdirectora Técnica $ 5.241.799
Carlos Cortez, Director Regional $5.102.058
Ricardo Huerta, Inspector Operativo $4.545.558
Ricardo Quintana, Director Regional $4.460.839
Raúl Leal, Inspector Operativo $4.395.286
Claudio Cerda, Director Escuela $4.257.834
Ricard Oyarzun, Jefe de Unidad $4.069.442
Patricio Olivares. Inspector Operativo $4.016.370
Iván Jorquera, Inspector Operativo $3.992.675
Carlos Herrera,  Jefe de departamento $3.854.825
Federico Muñoz,  Jefe de Unidad $3.823.956
Eleuterio Cofre, Director Regional $3.804.241
Jorge Carrasco, Director Regional $3.767.289
José Urrutia, Director Regional $3.741.714
Carlos Muñoz, Director Regional $3.488.011
Luis Arias, Jefe de Unidad $3.449.834

 

Así las cosas, queda en evidencia que la ley en cuestión se orientó a funcionarios imponentes  con sistema previsión de capitalización  individual,(AFP) pues allí pese a ser imponible el beneficio contaría con un impacto económico menor dados los “topes” establecidos en la ley 19.200-93 y aplicables como norma de carácter general al sector público, no así a los imponentes DIPRECA regidos por la ley 19.195-93.

DE LA JUDICIALIZACIÓN DEL DICTAMEN DEL CONTRALOR Y SU NEGATIVO  RESULTADO EN PRIMERA INSTANCIA:

Que desatada la crisis institucional por el vergonzoso caso de las pensiones de altos directivos de Gendarmería de Chile, nuestra Asociación decidió interponer un recurso de protección a favor de los trabajadores penitenciarios, radicado en la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Nro. 69179-2016, entendiendo además que dada la magnitud de las materias en discusión, igual deberíamos llegar  hasta la Corte Suprema, pues teníamos la certeza de que ni el Contralor General de la República y menos en Consejo de Defensa del Estado, estarían dispuestos a perder esta desigual contienda, donde  los recursos del  Estado se han dispuesto en contra de los Trabajadores Penitenciarios.  En este contexto  la Corte en en un negativo fallo para los trabajadores penitenciarios, el día 6 de junio de 2017, terminó por avalar el acto administrativo de la Contraloría en votación unánime de 3 a cero, y que plasmó en su dictamen Nro. 40.702 de 2016, el que impone un tope de 60 Uf, a los imponentes de Dipreca que son funcionarios de Gendarmería de Chile.

Sin perjuicio de lo anterior hemos anunciado que recurriremos a la Suprema Corte a fin de reclamar sobre lo sentenciado.  Pero  vista la sentencia encontramos que esta sólo se centra en la forma del dictamen del Contralor y no del fondo, y menos en el espíritu de la ley 19.195 del año 1993 que devolvió a los Gendarmes al sistema de pensiones DIPRECA, después que este derecho ganado con sangre se le arrebatará el año 1980 por la dictadura militar y que significó el éxodo de los trabajadores penitenciarios a las tan cuestionadas AFPs.

Así el fallo de  la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Mario Rojas y Pedro Advis- aseguró que el recurso de protección no es la vía idónea para reclamar de un dictamen de la Contraloría General de la República y que además el organismo recurrido actuó en el marco de sus atribuciones en este caso.

Dejando finalmente en la sentencia una última reflexión sobre la materia demanda y es que la Corte de Apelaciones de Santiago reflexiona:  “Una discusión de esta clase no se puede resolver por medio de un recurso de protección, que constituye una acción cautelar de emergencia. Y ello desnuda la circunstancia ya citada, en atención a que esta acción ha sido sencillamente usada como un medio de impugnación general, como si fuera un mero recurso jurisdiccional de aplicación general, lo cual resulta impropio, en especial, tratándose del ente de control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado por excelencia, como lo es la Contraloría General de la República”

En este sentido, y vistas tales distorsiones en  materias previsionales, como lo es la tensión entre las normas de la ley 19.195-93 que permitió en ingreso de los gendarmes al Sistema Dipreca y por otro lado, la ley 19.200-93, y considerando que imponentes de la misma caja de previsión, pero distintas instituciones(Carabineros, PDI y Gendarmería de Chile), que comparten similares riesgos, con esta resolución de la justicia, tendrán distintos beneficios previsionales.

DE LA PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS (ANFUP):

 PROPUESTA DE LEY INTERPRETATIVA QUE ACLARE LA TENSIÓN ENTRE LA LEY 19.195 Y LEY 19200, EN TÉRMINOS DE QUE PRIMA LA LEY ESPECIAL POR SOBRE LA GENERAL.

Vistos los antecedentes antes señalados y respecto del recalculo de pensiones originado en el dictamen Nro.  42.701 de junio de 2016  del Contralor General de la República, el que impone un tope máximo imponible de 60 UF, creemos que la única forma de dar solución a tal problemática es  la vía legislativa, mediante el una Ley Interpretativa que señale que el artículo 6 de la ley  N° 19.200, del año 1993, no le es aplicable a los funcionarios Penitenciarios imponentes de Dipreca, y que rescate el verdadero espíritu de la ley  19.195 que permitió adscribir al personal de Gendarmería de Chile al sistema DIPRECA, misma que deberá ser de carácter de retroactiva de modo de beneficiar a los funcionarios de las promoción 1986 de sub-oficiales y Gendarmes hoy en día perjudicados por la aplicación de dicha norma, además de los Oficiales y directivos también afectados y que fueron materia del dictamen del Contralor General de la República.  En concordancia con lo anterior, la propuesta legislativa deberá cautelar además el derecho y expectativas de todos aquellos funcionarios ingresados al sistema previsional en cuestión, sin perjuicio de que hoy no estén próximos a jubilarse o acogerse a retiro, en definitiva que cautele de toda amenaza a todos imponentes DIPRECA.   Para ello proponemos traducir el trabajo realizado en  la mesa de trabajo iniciada en el periodo 2016 en la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile y que terminó por elevar una propuesta consensuada con los trabajadores, en una iniciativa de ley que sea ingresada al parlamento por su Excelencia como justo reconocimiento a la labor penitenciaria.

En el mismo sentido y visto el evidente impacto de la problemática generada por las altas pensiones de algunos Oficiales y directivos de Gendarmería de Chile, imponentes de la Caja de Previsión de Carabineros(DIPRECA), se propone regular el impacto de la ley 19.863 y su posterior modificación de la ley 19.882, en términos que se pueda seguir percibiendo en la vida activa del funcionario, pero que esta no sea imponible, dado que el sistema previsional en comento no causa daño previsional.

  • DEL MEJORAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR EGRESO CONTEMPLADA EN LA LEY 19.998 DEL AÑO 2005.

De igual forma y visto que la ley 19.195 del año 1993, privó a los funcionarios de Gendarmería de Chile  del derecho de desahucio, el  que  más tarde fuera suplido en parte por la bonificación por egreso contenida en la ley 19.998 del año 2005.  En la actualidad establece el Artículo 2° de la ley que “Cuando se completen treinta años o más de servicios efectivos, la bonificación será equivalente a siete meses de remuneración imponible”.

La propuesta consiste en aumentar dicha bonificación en 12 meses, de tal manera de mejorar la misma, tal como se ha hecho respecto de los funcionarios públicos acogidos a la ley 19.882 y sus respectivas modificaciones. Para tal efecto, también se propone aumentar la cotización para el Fondo de Egreso, según la discusión que la materia requiera.

  • INCLUIR ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN, A LOS FUNCIONARIOS FALLECIDOS EN ACTOS O NO DEL SERVICIO Y QUE CUENTEN CON MENOS DE 20 AÑOS DE SERVICIO.

Consideramos que el beneficio también debe incluir a aquellos funcionarios fallecidos en actos de servicio o con ocasión del mismo. Como asimismo, a los funcionarios fallecidos por cualquier circunstancia y que no hayan cumplido los 30 años efectivos de servicio o cuenten con menos de 20 años de servicio. El monto podrá ser el mismo o distinto, según sea el caso, por ejemplo, para el primer caso, la bonificación será igual que para aquellos que cumplen los 30 años de servicio. En el segundo caso, corresponderá a lo establecido en beneficio de aquellos que tienen menos de 30 ó menos 20 años de servicio, según sea el caso.

Si bien es cierto que el beneficio sí está establecido para los funcionarios que se retiren por aplicación de alguna medida disciplinaria o sean eliminados por haber sido calificados en lista cuatro o por estar dos años consecutivos en lista tres, funcionarios que según la ley, tienen derecho a la bonificación, la que es equivalente a dos meses de la remuneración imponible. Sin embargo, no se contempla lo mismo respecto de aquellos funcionarios fallecidos en actos o no del servicio, pero que sin embargo, igual han hecho el aporte al fondo de egreso en las mismas condiciones que los anteriores.

Por tanto, resulta de toda justicia y equidad que éstos también sean considerados como beneficiarios de la bonificación por egreso, más aún, cuando también han efectuado los aportes que por ley se contempla para el fondo de egreso.

  • MODIFICAR EL ARTÍCULO 5°, INCISO 2º, EN EL SENTIDO DE AUMENTAR EL APORTE AL FONDO DE EGRESO DESDE UN 0,7 % A 1,2% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL IMPONIBLE MANTENIENDO EL  LIMITE MÁXIMO DE 90 UF.

El actual Artículo 5° de la ley, establece que: “la bonificación se financiará con la concurrencia de recursos de Gendarmería de Chile, que ascenderán hasta 3 meses de bonificación. En lo que exceda este número, se financiará con recursos provenientes del fondo establecido en el artículo undécimo de la ley N° 19.882. En este último caso, Gendarmería de Chile obtendrá del fondo aquella parte del beneficio que exceda el número de meses antes señalado. Gendarmería de Chile aportará al fondo señalado en el inciso anterior un 0,7% de la remuneración mensual imponible, con un límite máximo de noventa unidades de fomento, de cada funcionario referido en el inciso siguiente. Igual aporte deberán realizar dichos funcionarios, sujeto al mismo límite máximo antes señalado”.

Ahora bien, para aumentar a 12 meses de bonificación por egreso, necesariamente deberá aumentarse también el aporte al fondo de egreso, desde un 0,7% a un 1,2% de la remuneración mensual imponible.

  • DE LA CARRERA FUNCIONARIA DE LOS TRABAJADORES PENITENCIARIOS:

En materias de carrera funcionaria, si bien es cierto se ha  incrementado de manera importante la dotación del personal uniformado, especialmente a través de dos ampliaciones de Plantas, las que han venido a corregir una de las mayores deficiencias que presentaba el sistema penitenciario chileno, como era la permanente insuficiencia de personal, no es menos cierto que ello en la actualidad sigue constituyendo una de sus mayores necesidades. Pero este aumento de personal penitenciario también ha significado un estancamiento en los ascensos especialmente del personal uniformado más joven, toda vez que los ingresados al Servicio llegan a ocupar el cargo y grado más bajo en el Escalafón de la Planta II, de Suboficiales y Gendarmes, truncándose con ello la carrera funcionaria y el derecho al ascenso, el que debiera ser continuo y progresivo en el tiempo. En la actualidad más del 72% de los funcionarios de la Planta II, se encuentra en los últimos cinco grados, de un total de diez.  Este fenómeno es más lapidario en el caso de la planta de Profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares  ( Gendarmes no uniformados), que pese a su valiosa labor y contribución en materias de reinserción y tratamiento no han visto una mejora estructural en sus carreras funcionarias, quedando al arbitrio de la autoridad de turno su estabilidad laboral y  careciendo de todo sistema de ascensos que incentiven su labor, como también un importante número de estos trabajadores en condición de contrata o honorarios.  Entonces urge una restructuración de dichas plantas, de manera que se  establezcan las condiciones más apropiadas que garanticen una carrera funcionaria efectiva, regular y no discriminatoria respecto del personal que ocupa los grados más bajos, especialmente cuando son precisamente éstos quienes desarrollan las labores más riesgosas y agotadoras, dadas las duras condiciones del  régimen carcelario chileno, labores relacionadas directamente con la seguridad,  el control de la población penal, además de el tratamiento e intervención  de los presos entregados a nuestra custodia, que dicho sea de paso, son cada vez más avezados y peligrosos.  Materias todas que sólo son posible de modificar mediante iniciativa de ley  que reestructure y amplié las  plantas establecidas en los actuales cuerpos normativos sobre la materia.

  • FIN A LA PERSECUCIÓN SINDICAL EN GENDARMERÍA DE CHILE:

Por último reclamamos del Gobierno de la Presidenta Bachellet el fin a la política del terror, amedrentamiento y amenazas contantes en contra del legítimo derecho a Asociación   consagrado en la ley 19.296 del año 1994, y que nos pertenece como funcionarios públicos, lo que por estos días a significado la aplicación de sumarios administrativos en contra de los Directivos de ANFUP, medidas de suspensión, destitución y de retención de sueldos por parte de la administración de Gendarmería de Chile, y todo por actuar en defensa de los derechos de los trabajadores y sus necesidades.

Saludan Atte. a Ud., por el Directorio Nacional de ANFUP

MARCOS AGURTO LLAIPEN                  JUAN CARLOS ORELLANA REYES

Secretario Nacional                                                Presidente Nacional

OBM

Distribución: 

  • Presidenta de la República Michelle Bachellet Jeria
  • Ministro de Justicia don Jaime Campos
  • Subsecretario de Justicia don Nicolás Mena
  • Intendentes Regionales.
  • (ras) Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia.
  • Director Nacional de Gendarmería de Chile, Don Jaime Flores
  • Barbará Figueroa, Presidenta Nacional CUT
  • Carlos Insunza, Presidente Nacional ANEF
  • Archivo ANFUP

 

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