ANFUP MANIFIESTA SU DISCONFORMIDAD CON INFORME FINAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RECHAZA AMENAZA SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LOS GRUPOS USEP Y CAIS. DECLARA ALERTA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN.

El Directorio Nacional de la ANFUP, ante la publicación del informe final de la Contraloría General de la República, en el que se viene en informar por ese órgano, una serie de irregularidades de carácter administrativo en materias de pensiones, administración de personal, mismas que deberán ser respondidas por Gendarmería de Chile en el plazo de 60 días hábiles, viene en representación de sus asociados y gendarmes en general a manifestar lo siguiente:

Que esta organización, viene en rechazar todo eventual abuso arbitrario y aprovechamiento del aparato público destinado a beneficiar discrecionalmente a un grupo de personas o personas individuales, que sobre la base de puestos privilegiados y posiciones de poder pudieren haber manipulado maliciosamente el sistema para el logro de intereses particulares.

Por otra parte la ANFUP quiere ser categórica, no es posible concebir que en un país con nuestra historia de distintos quiebres de la democracia, y de crisis institucionales y que además ha suscrito una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos y consagración del derecho de la defensa, como también de fortaleciendo de la función pública y su trasparencia, hoy se pretenda que Contraloría General concentre tanto poder, que sea capaz de desafiar a los mismos Tribunales de Justicia, generando una actitud de verdadera dictadura administrativa, donde se coarta a los trabajadores del sector público de recurrir ante una instancia superior, para reclamar sobre las resoluciones de la Contraloría.

Es notable ver como el informe final de la Contraloría desconoce los sacrificios de nuestros colegas de las Unidades Especiales USEP y CAIS, desconociendo que justamente allí se concentra una de las labores más riesgosas de la función penitenciaria, como es la custodia y traslados de presos a tribunales, y por otro lado, una de las labores más importantes para la sociedad como lo es el tratamiento e intervención de los internos libertos. Rechazamos de plano la intención de la Contraloría de dejar sin derecho a pensión a los trabajadores penitenciarios que laboran en estos centros, por lo que emplazamos al Ministerio de Justicia a reconocer por Decreto Supremo a tales establecimientos como unidades penales especiales, de modo de terminar con esta dolorosa discusión.

La ANFUP ante este nuevo golpe a la institución declara Alerta Nacional de Movilización, dejando claro que siempre estaremos dispuestos a colaborar en la solucion a este nuevo conflicto y en espera de una solución de fondo, estructural y sostenible en el tiempo.

USEP SON LA PROLONGACIÓN DE LA UNIDAD PENAL Y LOS CAIS UNIDADES DE CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO PARA PENADOS LIBERTOS:
Los trabajadores de los grupos de traslados son una prolongación de los recintos penitenciarios, que en forma permanente realizan la tarea de traslado, procedimiento y custodia de Internos del sistema Penitenciario, con todo el riesgo que esta actividad conlleva. Y es que el concepto de “ Unidad Penal” no está sólo referido al lugar fisico de la cárcel, si no más bien al sistema que priva la libertad de un ciudadano por orden de la autoridad competente, conforme lo establece el Art. Nro. 11 del decreto 518, “Se denominan genéricamente
establecimientos penitenciarios, los recintos donde
deban permanecer custodiadas las personas privadas de
libertad en razón de detención y mientras están puestas
a disposición del Tribunal pertinente”. Así entonces para el caso de los funcionarios de los Grupos USEP estos, se desempeñan efectivamente en unidad penal, por su labor de custodia permanente de internos puestos a disposición de Gendarmería de Chile, pero de dependencia de los tribunales, o condenados que deben ser puestos a disposición de los tribunales si lo requieren.

Ahora respecto de los funcionarios que son imponentes del sistema DIPRECA y que se desempeñan en las Unidades de Centro de Apoyo a la Integración Social (CAIS), éstas son parte de la prolongación del necesario tratamiento a la reinserción social del penado, atendiéndose allí penados libertos por cumplimiento de condena, vía la obtención de beneficios o el simple derecho de haber saldado su deuda con la sociedad, por ello entendido que son parte de los beneficiarios de los programas de tratamiento y rehabilitación del sistema penitenciario, conforme lo establece el mismo Art. 11 del DS. Nro. 518, establece en su definición sobre reciento penal, que serán considerados aquellos destinados al seguimiento de beneficios y cumplimiento de penas, “las
dependencias destinadas al seguimiento, asistencia y
control de los condenados que, por un beneficio legal
o reglamentario, se encuentren en el medio libre.
Los establecimientos penitenciarios serán
administrados por Gendarmería de Chile.”

Ahora la ley orgánica de Gendarmería de Chile, en su Art. Nro. 1, establece que; “Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley.”

Entonces en armonía de lo anterior la función de los trabajadores penitenciarios que realizan la custodia de las personas privadas de libertad en los recintos USEP a nivel nacional, como lo es también el trabajo tendiente a la contribución en los procesos de rehabilitación de los presos en recintos abiertos como lo es el CAIS, es función y labor propia de los funcionarios de Gendarmería de Chile y realizada en centros penales destinados a tal función.

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que la Dirección Nacional del servicio -con un afán de definir más nítidamente la labor de tratamiento y custodia de las unidades que hoy son objeto de esta auditoría- debe actualizar su normativa y adaptarla a las nuevas necesidades del sistema penitenciario, por ello solicitamos que, sobre la base de lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, D.S. 518, Art. Nro. 12, que proponga al Ministerio de Justicia que las Unidades Especiales USEP y CAIS sean consideradas como unidades penales destinadas para los efectos que fije la autoridad penitenciaria y conforme las necesidades institucionales.

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